Bolivia está dando un paso que pocos esperaban: el país andino firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para construir, desde cero, un marco regulatorio para las criptomonedas. El compromiso quedó registrado en un memorando oficial publicado este mes y representa un giro importante para un gobierno que históricamente había mirado con desconfianza al ecosistema cripto.
El contexto no es menor. Bolivia atraviesa una de sus crisis económicas más severas en décadas, con escasez de divisas, presión sobre sus reservas y un dólar oficial que muchos ciudadanos no pueden acceder fácilmente. En ese panorama complicado, regular las criptomonedas empieza a verse como una necesidad más que como una opción.
Lo interesante del caso boliviano es que refleja una tendencia que se repite en América Latina: cuando las economías se aprietan, los gobiernos que antes ignoraban o bloqueaban las cripto terminan buscando cómo encuadrarlas dentro de sus sistemas. Colombia debería tomar nota, porque la regulación clara beneficia tanto a los usuarios como al país entero.